Desde el 13 de marzo nuestro país atraviesa una situación bien conocida por todos, la llegada de una pandemia que trajo como consecuencia la paralización de muchas actividades, entre ellas la actividad Judicial. Es así que la Suprema Corte de Justicia resolvió declarar una Feria Judicial Sanitaria.
En ese sentido, se declararon inhábiles en un primer momento los días 14 de marzo a 3 de abril inclusive, suspendiendose los plazos procesales y las actuaciones judiciales programadas, salvo aquellas que fueran indispensables para los justiciables sin cuyo cumplimiento corriera grave riesgo el ejercicio de algún derecho (Violencia doméstica y basada en género, procesos de urgencia de menores infractores y asuntos penales, entre otros pocos).
Llegado el 3 de abril, la Corte resuelve extender el plazo de esta Feria Judicial Sanitaria hasta el 30 de abril inclusive.
Desde el primer día de conocidas las medidas adoptadas por la Suprema Corte de Justicia, se han mantenido conversaciones con todas las Asociaciones y Colegios de Abogados del país, entre ellos el Colegio de Abogados del Uruguay (Montevideo). Esto debido a que con las medidas adoptadas, se generó y se continua generando un grave perjuicio para todos los operadores del derecho y los justiciables (la sociedad), que en definitiva son los más perjudicados por la paralización del Poder Judicial.-
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas por los representantes de cada gremial de abogados en el país, el CAU redactó dos anteproyectos de Ley tendientes, en teoría, a resolver la problemática principal en este momento de pandemia
Sin perjuicio de la loable labor de los profesionales que actuaron en la redacción de los anteproyectos, debemos expresar que los mismos, no son de aplicación inmediata, por cuestiones tanto económicas, de infraestructuras y de conocimiento inmediato por todos los actores. Por lo tanto no dan respuesta a la problemática actual de los profesionales independientes.
Ésta Asociación, así como otras Gremiales del país, sin perjuicio de entender necesario la implementación de las nuevas tecnologías al ejercicio de nuestra profesión, así como al funcionamiento del propio Poder Judicial y estar de acuerdo en dar ese paso, entienden que estos proyectos no solucionan la problemática de fondo que ha provocado la Pandemia del COVID 19 ya que no tienen en cuenta las realidades que se ven en las distintas Sedes Judiciales más allá de la capital del País además de que carecen de un elemento fundamental que es la practicidad en el Hoy.-
La incorporación de un nuevo sistema gestor debería llevar un período de prueba y una infraestructura que creemos y conocemos, no está preparada para un acceso igualitario a la Justicia en nuestro Estado de Derecho. Y sobre todas las cosas, por la precaria actualidad económica del Poder Judicial, quien no cuenta con rubros suficientes que le permitan realizar semejante inversión y que debería discutirse en la próxima Ley de Presupuestos.
Por otra parte es opinión unánime de nuestros socios y de esta Directiva, que lo urgente, es volver a la actividad con los debidos cuidados sanitarios por la salud de todos con un protocolo de actuación a los efectos de cuidar nuestro derecho fundamental a la salud sin perder de vista la protección de nuestro Derecho al Trabajo, lo cual ha sido evidentemente afectado en esta situación sin resoluciones acordes por parte de las autoridades.
Entonces reiteramos que lo urgente es que la actividad judicial sea reactivada, implementándose un protocolo específico a ser aplicado por las distintas Sedes, bajo el control de quienes ejerzan la Jefatura en cada una de ellas para su cabal cumplimiento en cada Sede tal como se ha planteado en diversos organismos del Estado así como en la actividad privada, teniendo especialmente en cuenta las estructuras edilicias de cada Sede y las recomendaciones del Ministerio de Salud Pùblica respecto a las medidas de prevención ante el COVID 19. Cuestión que debería implementarse por la SCJ, siendo de esta manera mucho más rápido y e
ficaz con un alcance adecuado a la realidad del país.
Consideramos que no es el momento de realizar cambios radicales en la forma de trabajar para todos los actores y sí es el momento de reactivar el acceso a la Justicia aunando esfuerzos para que quienes deban acudir a la misma no se vean impedidos y para los operadores del derecho poder prestar los servicios a cabalidad. Para ello, es menester y de forma urgente, establecer protocolos sanitarios para que sean aplicados en las Sedes Judiciales de todo el país previo a aprobar cualquier proyecto que implique cambios en nuestra labor.