PLANTEAN 3 AÑOS DE PENITENCIARÍA A ENCUESTAS FALSAS.
En el proyecto de ley, titulado Protección del Sistema de Encuestas, se castiga con la misma pena a “aquellos que paguen o soliciten informes de opinión pública a sabiendas que el mismo no es efectivamente realizado”.
En diálogo con En Perspectiva Fernando Amado aseguró que el proyecto surge de la acumulación de testimonios y evidencias sobre la existencia de encuestas que no terminan siendo respaldadas por un estudio profesional. Según el diputado, la gota que derramó el vaso fue un sondeo de la empresa Interconsult, utilizado en las promociones por Edgardo Novick y el Partido de la Gente, que “notoriamente” dejaba dudas acerca de si efectivamente se había realizado un estudio serio que sustentara los resultados.
Amado evaluó realizar un denuncia penal por este caso pero al asesorarse con abogados concluyó que la situación no encuadraba exactamente en el delito de estafa previsto en la legislación. Según Amado hoy la democracia está “indefensa” ante una situación que daña un “bien difuso” como la democracia y la competencia electoral transparente. Por eso, redactó un proyecto de ley que de mayor “claridad” y se ajuste estrictamente a la situación planteada por un sondeo falso.
Amado aseguró que hace tiempo le preocupa “el ingreso a la política de personas con espalda económica acostumbradas a comprar lo que sea con aquellos que están dispuestos a venderse”.
El diputado colorado Fernando Amado presentó el sábado un proyecto de ley que castiga con 2 meses de prisión a 3 años de penitenciaría a toda persona que haya manifestado haber hecho un estudio de opinión pública sin haber hecho en realidad ninguna medición para obtener resultados.
En el proyecto de ley, titulado “Protección del Sistema de Encuestas”, se castiga con la misma pena a “aquellos que paguen o soliciten informes de opinión pública a sabiendas que el mismo no es efectivamente realizado”.
En la exposición de motivos del proyecto, Amado señala que “en los últimos tiempos ha detectado, con gran alarma, como el gran capital ingresa a la política y con él, parece que ingresan encuestas que desean marcar la agenda y generar opinión pública”. Según Amado esto “es perfectamente válido siempre y cuando no se caiga en una directa y frontal estafa a la ciudadanía”.
En el texto, el diputado aclara que no busca regular a los profesionales y firmas encuestadoras sino penalizar la actividad del fraude en este rubro.
Este fue uno de los temas tratados en La Mesa con Hoenir Sarthou, Gonzalo Baroni, Gabriel Mazzarovich y Leonardo Costa.
Fuente: enperspectiva.net