El Dr. Gustavo Grassi entiende que, el intendente al ingresar funcionarios privados de la libertad, a travéz de un convenio, viola la constitución y la ley, entendiendo que el estatuto del funcionario público municipal es una ley, la cual es la única forma de ingreso a la intendencia.
Donde Adeoms y la intendencia de Salto, fueron reiterativos, cuando cesaron a doscientos cincuenta trabajadores, por lo cual si ingresan de otra forma fuera del estatuto está violando la ley.
Gustavo Grassi en su cuenta de Facebook dijo lo siguiente:
“La contratación por parte de la Intendencia de Salto de reclusos de la Unidad Penitenciaria de Salto para prestar funciones en dicha Intendencia es absolutamente ilegal y violenta la Constitución, normas nacionales sobre contratación de funcionarios públicos y decretos de la Junta Departamental de Salto”.