El año pasado llegó a mi despacho en el Senado una denuncia de violación a la laicidad en el Liceo No. 2 de Montevideo. Los hechos que me relataron eran graves. Según me manifestaron los denunciantes un reconocido dirigente del Partido Comunista habría dado una charla en dicho Liceo Público sobre los mártires estudiantiles.
En dicha charla, entre otras cosas, habría manifestado los motivos por los que los jóvenes debían votar al Frente Amplio.
La actividad habría sido desarrollada con conocimiento de la dirección del Liceo y, siempre según lo que se me expresó, esta habría alentado a los alumnos a concurrir a ella.
Ante la gravedad de lo relatado realicé un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y a través de él a la Administración Nacional de Educación Pública.
Siete meses después me llegó la respuesta.
No sólo la demora en contestar me llamó la atención sino su contenido.
Las autoridades de la Educación Pública respondieron que efectivamente la actividad se había desarrollado en horario de clase, había sido organizada por el gremio estudiantil dentro del instituto de enseñanza pública y había estado a cargo de un dirigente comunista e integrante del Frente Amplio.
La dirección del Liceo expresó que como la actividad no había sido planteada como político partidaria la autorizó aunque no alentó a nadie a concurrir.
A su juicio el gremio estudiantil “merece un trato respetuoso de nuestra parte para mantener un delicado equilibrio de la convivencia y para dar ejemplo de tolerancia ante las diferencias“.
La Inspectora del Liceo defendió la realización de la charla y dijo que de acuerdo con los Convención de los Derechos del Niño y del Adolescente, estos tienen “derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo“.
Además citó el artículo 13 de la ley General de Educación que establece que “los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura y el docente el deber de ponerlas a su alcance“.
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) reconoció expresamente que no tenía información fehaciente sobre lo que se habló en la charla del dirigente comunista dentro del Liceo.
También expresó no conocer la existencia de un procedimiento o protocolo para las charlas dentro de los liceos públicos.
Todo esto sucedió el año pasado, en un liceo público de la capital y la respuesta de las autoridades es de hace algunos pocos meses.
Ante la imposibilidad de acceder a más información no insistí con el tema.
Esta semana otro hecho, ocurrido en otro liceo público, esta vez en Salto, ocupó los titulares de los diarios. El asunto, según se informa en la prensa, fue el siguiente.
Un grupo de madres de estudiantes, no un dirigente de un Partido político, solicitó autorización para realizar una charla a alumnos sobre “afectividad y sexualidad desde un enfoque integral basado en datos científicos y en su experiencia personal como padres“.
En ella, en forma lógica dada la temática que se trataba, se habló del aborto y experiencias relacionadas con el mismo.
Una diputada del mismo partido del dirigente comunista que dio la charla el año pasado en Montevideo, denunció el hecho ante las autoridades de la educación como una violación de la laicidad.
Las autoridades, antes de realizar una investigación y reunir toda la información, ordenaron un sumario de la directora, la separaron del cargo y le retuvieron la mitad de su sueldo.
Estas reacciones tan disimiles, este tratamiento desigual y falto de imparcialidad corrompe los cimientos del Estado de Derecho.
La imparcialidad y el tratamiento igualitario a todos los ciudadanos son pilares esenciales de una República.
Reacciones tan distintas en estos dos casos ponen de relieve parcialidad en la actuación de las autoridades de la Educación.
En el caso reciente de Salto, sin realizar una investigación, se separó del cargo a la Directora, se le retuvo la mitad del sueldo y la directora del Consejo de Educación Secundaria ya prejuzgó condenando en la prensa lo que para ella es una inadmisible error.
En el caso de la charla del dirigente comunista en Montevideo, las autoridades ni siquiera investigaron los hechos y se limitaron a expresar que “no tenemos información fehaciente sobre lo ocurrido“.
En el caso del liceo de Montevideo sostuvieron que no había problemas puesto que no había sido planteada como actividad político partidaria.
En el de Salto la actividad no sólo no fue político partidaria sino organizada por un grupo de padres pero si hay problemas.
En el caso de Montevideo para justificar la charla del dirigente comunista sobre los mártires estudiantiles se expresó que “el educando tiene el derecho de acceder a todas las fuentes de información y el docente el deber de ponerlas a su alcance“.
En el caso de Salto cuando se da información a los educandos, cuando se le pone al alcance de estos información, se sanciona a la directora.
Parece ser que para algunos esta bien dar sólo la información que les gusta y no toda la información.
En este Uruguay si uno es dirigente del partido de gobierno puede ir a dar charlas a los liceos públicos pero si es un padre que quiere dar información no.
Con estas reacciones distintas las autoridades revelan su particular concepción de los derechos de los educandos a recibir toda la información.
Pueden recibir toda la información pero solo la que las autoridades quieren que reciban.
Su concepto de laicidad es muy particular: es laicidad cuando les conviene.
Fuente: El Telescopio
Redacción: Pedro Bordaberry