Poder Ejecutivo y el Legislativo, que desarrollan controles recíprocos de tal modo que los conflictos entre poderes son inusuales y se resuelven de acuerdo a la Constitución de la República. Así lo revela el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) que abarca el período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2015. El mencionado organismo analiza y evalúa la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gestión política en 129 países en desarrollo y en transición. Mide éxitos y retrocesos en el camino hacia una democracia basada en el Estado de Derecho y la economía de mercado socialmente responsable.
Con referencia a nuestro país, el informe establece que “no existen instituciones informales significativas que puedan perjudicar a la separación de poderes o el estado de derecho como tal, y también hay una tradición de democracia delegativa en Uruguay“.
Y se añade que “el Poder Judicial es totalmente independiente del Poder Ejecutivo y capaz de llevar a cabo su función“.
“El sistema de justicia es más bien profesionalizado y diferenciado“, lo que se refuerza recordando que “el Barómetro de las Américas 2012 informa que el 58% de los ciudadanos confía en la Suprema Corte de Justicia y el 53% confía en el sistema de justicia. Por otra parte el 49% de los ciudadanos cree que los tribunales garantizan un juicio justo“.
“Funcionarios que violan la ley y se dedican a la corrupción son procesados rigurosamente bajo las leyes establecidas” puntualiza el informe.
“En términos generales, Uruguay tiene bajos niveles de corrupción, a pesar de que algunos escándalos ocurren“, y se mencionan a continuación, a vía de ejemplo, las derivaciones del caso Pluna.
Fuente: 06.05.16, de DICOMI-SCJ.-