Por Julio María Sanguinetti
El 8 de febrero cometí la “osadía” de recordar en un pequeño tuit que se conmemoraban 48 años del inicio del golpe de Estado, evocando la resistencia de la Armada comandada por el Almirante Zorilla y el apoyo que el Frente Amplio y la CNT le dieron a los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas.
De inmediato las redes se incendiaron de vituperios frentistas y hasta no faltaron periodistas confundidos, comentando lo que veían como una discutible “opinión” mía y no una simple constatación de hechos.
Ellos inequívocamente dicen que la dirigencia de izquierda, política y sindical, intentó sumarse al golpismo en 1973, estimando coincidencias con los postulados militares. Frente a la posición de los partidos tradicionales de que el dilema era “institucionalidad o golpe”, se instaló la tesis de que era “entre oligarquía y pueblo”. Para que los lectores actuales lo vean claramente, basta leer el editorial del mismo 9 de febrero, en que el diario comunista “El Popular”, vocero tradicional de ese partido lo define: “Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo”. O sea que la institucionalidad no es la prioridad y hay que intentar un gobierno con los militares.
El propio General Seregni es arrastrado al extravío y en la noche del 9 de febrero, cuando las instituciones estaban en vilo y los tanques en la calle, pide la renuncia de Bordaberry, sosteniendo que sólo es posible abrir un diálogo a través de “la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”. A la misma hora, las Fuerzas Armadas lanzaban su primer Comunicado programático (el 4), anunciando que pasarían a participar activamente en la vida cívica y a impulsar un programa de gobierno
El Comité Central del Partido Comunista, pese a que el comunicado 7 despotricaba contra el marxismo, soslaya el tema y sigue hablando de la “unión de los orientales civiles y militares”.
El socialismo estaba en la misma línea y tanto Vivián Trías como José Dìaz sumaron su voz a la tesis de intentar el famoso co-gobierno civil y militar.
Hasta el Partido Demócrata Cristiano, sector de tradición democrática y de una izquierda muy moderada, se suma, felicitándose de que se rompe la “alianza trágica entre la ultraderechas y las FF.AA” y ahora se abre una oportunidad, para “no volver a la vieja institucionalidad uruguaya ya vacía de contenido”.
En el Parlamento se escuchan las mismas voces. Para todo el Frente Amplio, la institucionalidad no es prioritaria.
Es más, la CNT no se quería resignar a que el antimarxismo proclamado por los militares les excluía. Hasta un mes y medio después, el 29 de marzo, lanzaron una proclama diciendo que “hemos valorizado los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, donde se percibe la intención de llevar adelante algunos puntos reivindicativos coincidentes con los de nuestro programa”.
En una palabra, contra el golpe, en aquel momento solo estuvo claramente el Batllismo y , pese a algunas confusiones, el wilsonismo. La izquierda toda con el golpe, confiando en que el General Álvarez, el “Goyo” Álvarez, aunque hoy parezca chiste, abriera el camino hacia un gobierno “nacional y popular”, en la inspiración del que había llevado adelante en Perú el General Velasco Alvarado. Esa era la idea. La única voz disidente fue la de Carlos Quijano, en Marcha, que claramente escribió que lo primero eran las instituciones.
Esa es una realidad. No olvidemos tampoco que el otro sector de la izquierda,hoy pacificado, el MLN, había iniciado en 1963, en plena democracia de un gobierno colegiado de nueve miembros, más deliberante que ejecutivo, una acción violenta para derribar las instituciones democráticas. Eran los años del sueño de extender la revolución cubana.
Ni siquiera escucharon la voz del mismísimo Che Guevara, que en el Paraninfo de la Universidad, en agosto de 1961, había dicho que el Uruguay era la mayor democracia latinoamericana y había libertades para conservar. Esa acción guerrillera fue la que sacó a los militares de los cuarteles y si nada puede excusar la responsabilidad de sus mandos en el golpe, es incuestionable que sin esa presencia violenta no se explica la desestabilización que terminó en golpe.
O sea que las dos vertientes de la izquierda uruguaya, la revolucionaria, y la política se sumaron , con ambición y oportunismo, al golpe de Estado que se inició el 9 de febrero de 1973, cuando se consagró la irrupción militar en la vida política nacional y la subordinación del poder civil.
A la inversa, Jorge Batlle fue preso en octubre de 1972 por denunciar la complicidad de un grupo miliar con los tupamaros. Y Vasconcellos, con su “Febrero Amargo”, realizó el más fuerte alegato en contra del malón militar que se venía. Dicho de otro modo: si no entraron al golpe fue porque el sector militar más conservador (Cristi y Zubía) mediatizó las ambiciones de Álvarez y bajó del ferrocarril, de un sartenazo, a los sindicatos y políticos que reclamaban un asiento.
A lo largo de muchos años, desde la restauración democrática se ha intentado cambiar los hechos. Muchos jóvenes se asombran cuando comprueban que los tupamaros no dispararon un tiro contra la dictadura, que ya estaban presos cuando el golpe de Estado y que sus diez años de asesinatos y terrorismo solo se lanzaron contra la democracia. Y por eso, desgraciadamente, hay que volver a recordar estas circunstancias para que los hechos, simples hechos, hablen por sí mismos.
Todo esto, con ser importante como historia, tiene también una particular vigencia. Porque es lo que explica que para la mayoría del Frente Amplio, Venezuela no es una dictadura y Cuba sigue siendo una revolución en marcha después de medio siglo de una tiranía hereditaria, sembradora de miseria.
Nos gustaría estar discutiendo los caminos del futuro, pero ellos nunca se encontrarán si no despejamos los extravíos del pasado.