El tema sobre los permisos de tenencia y porte de armas, llamados THATA, sigue teniendo novedades en Jefatura de Policía de Salto y en Fiscalía. Tema que fue disparado por CEROESTRES a raíz de una investigación periodística en el mes de diciembre del 2022, y sobre el cual, al momento, se llevan publicados 7 artículos. Según fuentes confiables, separaron del cargo a los funcionarios públicos denunciados, pero llamativamente, también al denunciante. Este último, aún no ha sido llamado para presentar declaración ante Fiscalía, tampoco los testigos, personas que trabajaban en la oficina donde se cometió la maniobra presuntamente delictiva. Hay funcionarios que manifiestan tener un estrés laboral, causado por que lo que entienden, constituyen persecuciones, ya que se han dado permanentes traslados en algún caso, llegando a tener hasta dos cambios de seccional en un mismo día.
La maniobra de entrega de los THATA consistía en falsificar documento privado por parte de una funcionaria que se hacía pasar por psicóloga sin serlo. Ante la llegada de alguien que quería tramitar un permiso, un funcionario le orientaba sobre los requisitos que necesitaba y también le sugería una psicóloga para ser el test psicológico. La “profesional” era una policía, integrante de la misma oficina, que cobraba para realizar las pruebas y además le terminaba el trámite en la misma Jefatura de Salto.
El documento o test psicológico era una fotocopia firmado por un presunto psicólogo, que según nuestras investigación periodística, su nombre no está como egresado de la Facultad de Psicología, aunque parecería ser integrante de organismo internacional, casualmente, institución de donde es “pase en comisión” la funcionaria pública investigada por realizar la prueba sin ser profesional. Estamos hablando de Interpol.
No declararon todavía denunciantes ni testigos
El equipo de investigación de CEROESTRES sigue muy de cerca el tema y estamos en condiciones de informar que todavía no declararon ante Fiscalía los denunciantes de la presunta maniobra delictiva y tampoco los testigos, quienes por una cuestión presuntamente de “confianza” no quisieron declarar ante Jefatura de Policía de Salto. Sí habrían sido convocados a la oficina de asuntos internos del ministerio del interior los funcionarios presuntamente responsables de la artimaña.
El funcionario que denuncia la irregularidad primero a su superior y después ante fiscalía, en los últimos días fue notificado por la no renovación de su contrato como eventual, es una baja directa, y a partir del mes de octubre del presente año ya no pertenecerá más a la institución Policial. Esta situación sorprende y enturbia más el tema de la investigación sobre el tema de entrega y portes de armas, porque entendemos desde el punto de vista periodístico seria la pieza clave en la investigación.
Procedimiento correcto del funcionario
El proceder del funcionario al momento de observar o descubrir la artimaña fue el correcto, lo que generó la investigación, allanamientos y ahora separación del cargo de los mismos compañeros de oficina de Thata, denuncia que fuera confirmada treinta días después por el mismo Jefe de Policía de Salto Crio Carlos Ayuto en conferencia de prensa realizada en el mes de diciembre pasado.
El funcionario denunciantes seria contratado eventual hace aproximadamente cinco años, aparentemente un error en recursos humanos llevó a que no lo presupuestaran como a todos, a los dos años de estar prácticamente permanente en el cargo, según nuestra fuente las denuncias habría sido el detonante para acelerar su baja teniendo en cuenta que su vinculo laboral seria eventual con vencimiento de contrato en el mes de octubre del presente año.
Según el Centro de Información Oficial IMPO, En Uruguay se cuenta con una ley que promueven la anticorrupción entre los funcionarios públicos ley 17060 del 23/12/1998.
¿Existe obligación de denunciar irregularidades?
Sí, todo funcionario está obligado a denunciar irregularidades, prácticas corruptas o delitos de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones. La omisión de denunciar puede constituir un delito. Las personas que denuncien irregularidades o delitos contra la Administración serán incluidas en el beneficio de protección de testigos.