10/06/2018
En el contexto de corrupción que rodea la gestión de los administradores de la cosa pública en nuestro país podría pasar desapercibido, sobre todo cuando los organismos encargados de controlarlos se han transformado en usinas generadoras de coartadas al servicio de los corruptos en lugar de investigarlos, sin embargo creemos que merece una crónica especial la impudicia de los delegados en CARU –Comisión Administradora del Río Uruguay- organismo integrado por mitades por argentinos y uruguayos dada la jurisdicción compartida de ambos países sobre el Río Uruguay
DELEGADOS DE CARU SE AUTO ASIGNARON U$S 8.500 POR MES
Habitualmente nos escandalizamos de los sueldos y retribuciones de todo tipo y calibre que se asignan a sí mismos los legisladores y miembros del poder judicial, emolumentos que son la envidia de sus pares de países muchos más ricos que el nuestro, como los escandinavos o los de la comunidad europea por ejemplo. Sin embargo existen otros organismos autárquicos y descentralizados donde ocurren cosas tan o más escandalosas, donde funcionarios que ni siquiera son electos, ni tampoco deben presentarse y ganar un concurso para desempeñarse en dichas funciones, y que aquí son puestos a dedo por el amiguismo político, también se arrogan a sí mismos la facultad de otorgarse retribuciones que en relación a lo que gana cualquier argentino medio son insultantes.
El caso de CARU, es uno de estos, porque ni bien la divisa política Cambiemos tomó el control de la cosa pública en el país los delegados argentinos decidieron promover ante sus pares uruguayos (debemos reconocer que éstos aceptaron encantados) auto-aumentarse sus sueldos a 8.500 dólares mensuales cada uno, libres de descuento, duplicándose aproximadamente lo que ganaban sus antecesores. Ingresos que para entender en su grosera magnitud debemos pensar que un jubilado argentino está tres años sumando sus mensualidades para igualarlo. Y no solo eso sino que además tomaron la decisión de que cada delegado a partir de ese momento estaría facultado para nombrarse dos asesores con el sueldo de 2.500 dólares cada uno, obviamente también de bolsillo, sin descuentos. Estimulante oportunidad de nombrar algún amigo o pariente cercano para acrecentar aún más sus propios ingresos familiares. Sería interesante saber si los declaran ante AFIP y pagan el impuesto a las ganancias correspondiente, pero poca esperanza tenemos porque se sabe cómo funcionan estos organismos de fiscalización en nuestro país
Además se asignan a sí mismos un vehículo para cada uno, algo completamente innecesario, con patente diplomática, al que pueden usar a discreción, no solo para la función que han sido nombrados, con los que, dada su identificación y su pasaporte diplomático pueden sortear los controles policiales y camineros sin inconvenientes cualquiera sea la circunstancia. Pasando en limpio: ocho mil quinientos dólares más un vehículo con todos los gastos pagos, y otros ingresos que en el contexto relatado pueden parecer menores, pero que también suman, como la disponibilidad de teléfonos celulares con roaming internacional, gratis también, y viáticos a discreción de todo tipo y calibre.
Si Usted como ciudadano que financia todos estos indignantes abusos se presenta en CARU y pide esta información le dirán que no se la darán porque es “secreto de Estado” aunque le parezca mentira así funcionan; las actas y debates son secretos, medida absurda que solo sirve para ocultar la agobiante realidad de un país enfermo terminal de corrupción y abusos de poder.
Aunque quizás como si esto no baste, lo más grave es que los actuales delegados de CARU se han transformados en emisarios de los intereses de las empresas escandinavas que están terminando de tomar el control territorial de la región litoral que compartimos con Uruguay.
Todo lo que resulte conveniente para las celulósicas es inmediatamente satisfecho por la cómplice ineptitud de la actual CARU: ¿Qué UPM BOTNIA vuelca sus efluentes a mayor temperatura que la permitida? No importa CARU auspicia que el gobierno uruguayo reglamente el aumento de la temperatura tolerada y santo remedio. ¿Qué en el efluente aparecen tóxicos prohibidos como el Endosulfán? No importa, esto no constará en ningún informe ni mucho menos la empresa será advertida por este crimen ambiental. ¿UPM BOTNIA necesitan sacar su producción por río para bajar aún más sus costos y hay que dragarlo? Allí están los Delegados de CARU auspiciando un proyecto faraónico de hidrovía, que por supuesto nos quieren hacer pagar a nosotros.
La lista es más larga todavía pero el espacio es tirano. La pregunta del millón es hasta cuando aguantaremos los argentinos comunes tanto atropello al Estado, tanta arbitrariedad y tanta injusticia. La respuesta todavía no se vislumbra.
Guillermo
fuente: www.fundavida.org.ar