La columna realizada por el periodista Raúl Ronzoni publicada por el semanario búsqueda titulada “JUECES REBELDES CONTRA EL FONDO SOLIDARIO” trae rechazo internacional por parte de la unión Iberoamericana de Jueces, considerando expresiones agraviantes donde consideran que, atentan no solo contra la función que los jueces están llamados a desempeñar, sino además atentando contra la dignidad individual de cada uno ellos como personas, así como de la de sus colegas argentinos.
Nuestro portal esta en condiciones de confirmar que unos de los firmantes del comunicado es el Juez Penal de 4to Turno de Salto Dr. Paulo Aguirre.
LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE JUECES, organismo internacional conformado por magistrados de 18 países de
América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y Península Ibérica expresa su honda preocupación a raíz la promulgación de Ley N°19874 de fecha 08/04/20, que crea el “Fondo Solidario Covid-19” y su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, que grava en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie de todos los jueces integrantes del Poder Judicial Uruguayo, así como las expresiones y calificativos denigrantes, que atentan no solo contra la función que los jueces están llamados a desempeñar, sino además atentando contra la dignidad individual de cada uno ellos como personas, así como de sus colegas argentinos,efectuados por el Semanario Búsqueda, en la nota “Jueces Rebeldes contra el fondo de Solidario”.
Antecedentes: En el mes de marzo del corriente, el gobierno uruguayo anunció la creación del Fondo Coronavirus,
destinado a atender necesidades urgentes (primordialmente de carácter asistencial) originadas en la situación sanitaria mundialmente conocida como pandemia del COVID-19, que sería financiado mediante la creación de un “Impuesto”.
En tal contexto se aprueba la Ley N° 19874 de fecha 08/04/20, que crea el impuesto referido, y se sanciona a posteriori su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, que grava en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal y entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación de dependencia, quedando gravadas de acuerdo a una escala que va del 5 al 20 % de los ingresos nominales en forma lineal de acuerdo al grupo que corresponda en la escala, lo que en los hechos implicó para los magistrados uruguayos una rebaja salarial de alrededor del 30 % en su salario líquido y aunado a los restantes impuestos en un carga pesada impositiva cercana al 50 % de los ingresos nominales.
Los Jueces uruguayos fueron incluidos, en la referida Ley dentro de la generalidad de funcionarios públicos que superan esos topes de $ 120.000 de ingresos, sin considerar la función específica que los Jueces prestan al Estado y a la sociedad, así como las particularidades que hacen a la misma.
Los Jueces uruguayos no se oponen a contribuir solidariamente en estos difíciles momentos,
proporcionalmente y en igualdad de condiciones con otros colectivos en situación análoga, situación que en la
norma de creación del Fondo Solidario Covid-19 no se tuvo en cuenta.
Los jueces no son “funcionarios públicos privilegiados”, desempeñan sus cargos en régimen de incompatibilidad absoluta y dedicación total, les está prohibido recibir otra remuneración, salvo por el ejercicio de la docencia y previa autorización de la Suprema Corte de Justicia.
La función que desempeñan los jueces es de carácter esencial, y pese a toda la contingencia sanitaria y la “feria sanitaria” la función jurisdiccional no se vio interrumpida, en materias tales como penal, violencia de género, adolescentes en infracción a la Ley, en condiciones absolutamente inadecuadas, sin elementos básicos como barbijos, alcohol en gel, guantes, mamparas, etc. como se recomienda en los protocolos sanitarios contra el COVID-19.
Pese a estar en peores condiciones sanitarias que cualquier otro trabajador de la salud, los jueces uruguayos no dejaron de atender todas las audiencias urgentes, así como tampoco dejaron de cumplir en el interior del país con sus funciones de Oficiales del Registro Civil, realizando casamientos.
Sin embargo, los jueces estando expuestos al contagio del COVID-19, no fueron exceptuados del impuesto Fondo
COVID-19, como lo fue el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a raíz de las tareas que desempeñan, están expuesto al contagio del COVID-19 y todos los empleados privados aún aquellos que por sus ingresos están en condiciones más ventajosas para afrontar el pago del referido impuesto también fueron exceptuados.
Según el Estatuto del Juez Iberoamericano: “Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.”.
A lo anterior debe adicionarse que, para la base del cálculo del impuesto, se consideraron partidas que no son de
naturaleza salarial, aumentándose así aún más la carga impositiva, ya de por sí alta de sus ingresos, lo que ha ocasionado que muchos jueces uruguayos queden en una situación económica precaria para llegar a fin de mes.
El impuesto se creó para ser descontado dos meses (abril y mayo) con posibilidad de extenderlo dos meses más, con la sola condición de que el P.E. de cuenta a la Asamblea General, lo que generó preocupación entre los magistrados.
Ante los referidos hechos, el día lunes 04/05/2020, 112 jueces uruguayos (el 25 % de asociados a la Asociación de
Magistrados del Uruguay), solicitaron a la Asociación que los nuclea la celebración de una Asamblea Extraordinaria de carácter grave y urgente, a los efectos de “abordar la situación generada por el Fondo Coronavirus desde el punto de vista institucional y/o de las acciones a emprender respecto del mismo”.
Al día de la fecha los jueces uruguayos, no se les contestó y no tienen fecha para la asamblea extraordinaria solicitada. Es así, que el próximo 20/05/2020, se van a hacer las liquidaciones de sueldos, con la detracción del impuesto, sin haber podido plantear sus inquietudes en el ámbito gremial correspondiente.
A posteriori, el día jueves 14/05/2020, en el Semanario Búsqueda, bajo el título “Jueces rebeldes contra fondo solidario”firmada por el columnista Raúl Ronzoni, indicó que “Los jueces argentinos suelen ejercer presiones políticas lo que se perciben en sus decisiones jurisdiccionales y beneficios salariales.
Así le ganan pulseadas al gobierno, como cuando decidió que los jueces designados a partir de 2017, pagarían menos impuestos que el resto de los trabajadores. A fines de 2019, para contener una revuelta política y judicial, el gobierno excluyó a los jueces jubilados de una ley de emergencia que proponía congelar sus haberes durante 180 días. Con esos antecedentes pensé que en Uruguay no podía ocurrir algo similar porque los jueces no se consideraban por encima del resto de los funcionarios públicos del Estado. Me equivoqué. Algunos no solo se creen estar por encima, sino con el Derecho a un trato diferencial. Consideran posible torcerle la mano al gobierno y a todos los partidos, mediante una pulseada gremial, corporativa.
Olvidan que los intereses corporativos jamás pueden desplazar el interés general y la salud pública. Poco más de un centenar de jueces, la mayoría de la nueva generación, ocasionaron un movimiento que ha dividido a los afiliados de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). Los quejosos le han solicitado al Presidente del gremio, que convoque a una Asamblea Extraordinaria para analizar sus cuestionamientos contra el impuesto…”. (Transcribe
entrevistas de jueces anónimos) y concluye que “Cabe la posibilidad de que un saldo de sentido común los lleve a recular y dejar sin efecto el pedido de asamblea.
También es posible que estiren la piola hasta que se rompa.”, conclusión con un tinte intimidatorio y amenazante.
Se solicitó, al día siguiente en carácter URGENTE e INMEDIATO, al Presidente de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, se emitiera una nota pública de desagravio frente a un artículo de prensa que, entre otros extremos realizaba todo tipo de descalificativos denigrantes, que atentan no solo contra la función que los jueces están llamados a desempeñar, sino además atentando contra la dignidad individual de cada uno ellos como personas, así como de la de sus colegas argentinos.
No se emitió nota pública alguna, al día de la fecha, de desagravio para los aludidos en la nota (jueces argentinos en general y los 112 jueces uruguayos firmantes de la solicitud de asamblea extraordinaria). En tal contexto, la Unión Iberoamericana de Jueces, OTORGA su total solidaridad a los jueces uruguayos que han quedado en una situación económica frágil, en clara contraposición con lo previsto en el Estatuto del Juez Iberoamericano, así como RECHAZA las expresiones ofensivas y denigrantes realizadas, por un medio de prensa contra los firmantes de la nota dirigida a la Asociación de Magistrados del Uruguay solicitando una Asamblea Extraordinaria y a los colegas argentinos aludidos en la misma nota periodística.
La Unión Iberoamericana de Jueces, RECUERDA: Que los magistrados judiciales se encuentran incluidos en un régimen especial de incompatibilidades y limitaciones funcionales, que es necesario mantener para el correcto ejercicio de su función de juzgar. Es indispensable que se respete la irreductibilidad de sus remuneraciones, y ello con la finalidad de asegurar que la función judicial se mantenga invariablemente alejada de la influencia de las circunstanciales mayorías políticas. Ese es el único modo de preservar que los jueces puedan ejercer su función de tutela de los derechos individuales inherentes a toda la comunidad.
Frente a las limitaciones de recursos que aquejan a los países, déficits fiscales, es necesario que las revisiones económicas de los presupuestos estatales que necesariamente se deban hacer, sean el fruto de un análisis racional sin que se recurra a la violación de garantías de intangibilidad de los salarios de los magistrados, para preservar la independencia de los mismos.
La Unión Iberoamericana de Jueces, EXHORTA, a que se revise la base de cálculo y duración del Impuesto creado por Ley N° 19874 de fecha 08/04/20, que crea el “Fondo Solidario Covid-19” y su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, cuya noble finalidad y objetivo no se discuten ante la grave situación de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo en forma global, con la pandemia del COVID-19.
Por otra parte ante las expresiones agraviantes contra los magistrados uruguayos y argentinos de la nota periodística “Jueces rebeldes contra el Fondo Solidario”, se considera que si bien todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión amplia de sus ideas, y en el caso del periodista el derecho a la información, este derecho de doble vía tiene como contracara el derecho de todo ciudadano a recibir una información veraz, oportuna e imparcial, y en ese marco RECHAZA enfáticamente las expresiones agraviantes hacia los magistrados uruguayos y argentinos, y recuerda que son principios básicos sobre independencia judicial de Naciones Unidas: que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
La Unión Iberoamericana De Jueces, tiene entre sus objetivos la búsqueda y apoyo de la igualdad, el respeto y los valores democráticos en los sistemas jurídicos de los países que se encuentran representados.
Por ello, consideramos indispensable que todos los habitantes -en este caso los magistrados judiciales- tengan garantizado el ejercicio de sus derechos para lo cual es necesario que se logre, en el debate democrático dentro de esos valores de igualdad, respeto y tolerancia.
Siendo indispensable la labor de los jueces, fiscales y defensores, los magistrados del resto de los países que integramos la Unión Iberoamericana de Jueces, hacemos votos para que los colegas de uruguayos puedan seguir ejerciendo su función de manera independiente para que los DD.HH. tengan plena vigencia.
Belo Horizonte y Asunción, 18 de mayo de 2020PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL SOBRE LA LEY DE FONDO CORONAVIRUS QUE GRABA LAS REMUNERACIONES DE LOS JUECES URUGUAYOS Y LOS DICHOS AGRAVIANTES PARA LOS COLEGAS URUGUAYOS Y ARGENTINOS EN LA NOTA TITULADA “JUECES REBELDES CONTRA EL FONDO SOLIDARIO”.
LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE JUECES, organismo internacional conformado por magistrados de 18 países de
América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y Península Ibérica expresa su honda preocupación a raíz la promulgación de Ley N° 19874 de fecha 08/04/20, que crea el “Fondo Solidario Covid-19” y su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, que grava en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie de todos los jueces integrantes del Poder Judicial Uruguayo, así como las expresiones y calificativos denigrantes, que atentan no solo contra la función que los jueces están llamados a desempeñar, sino además atentando contra la dignidad individual de cada uno ellos como personas, así como de sus colegas argentinos, efectuados por el Semanario Búsqueda, en la nota “Jueces Rebeldes contra el fondo de Solidario”.
Antecedentes: En el mes de marzo del corriente, el gobierno uruguayo anunció la creación del Fondo Coronavirus,
destinado a atender necesidades urgentes (primordialmente de carácter asistencial) originadas en la situación sanitaria mundialmente conocida como pandemia del COVID-19, que sería financiado mediante la creación de un “Impuesto”.
En tal contexto se aprueba la Ley N° 19874 de fecha 08/04/20, que crea el impuesto referido, y se sanciona a posteriori su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, que grava en su totalidad, las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, personas de derecho público no estatal y entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública posea participación mayoritaria, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación de dependencia, quedando gravadas de acuerdo a una
escala que va del 5 al 20 % de los ingresos nominales en forma lineal de acuerdo al grupo que corresponda en la escala, lo que en los hechos implicó para los magistrados uruguayos una rebaja salarial de alrededor del 30 % en su salario líquido y aunado a los restantes impuestos en un carga pesada impositiva cercana al 50 % de los ingresos nominales.
Los Jueces uruguayos fueron incluidos, en la referida Ley dentro de la generalidad de funcionarios públicos que superan esos topes de $ 120.000 de ingresos, sin considerar la función específica que los Jueces prestan al Estado y a la sociedad, así como las particularidades que hacen a la misma.
Los Jueces uruguayos no se oponen a contribuir solidariamente en estos difíciles momentos, proporcionalmente y en igualdad de condiciones con otros colectivos en situación análoga, situación que en la norma de creación del Fondo Solidario Covid-19 no se tuvo en cuenta.
Los jueces no son “funcionarios públicos privilegiados”, desempeñan sus cargos en régimen de incompatibilidad absoluta y dedicación total, les está prohibido recibir otra remuneración, salvo por el ejercicio de la docencia y previa autorización de la Suprema Corte de Justicia.
La función que desempeñan los jueces es de carácter esencial, y pese a toda la contingencia sanitaria y la “feria sanitaria” la función jurisdiccional no se vio interrumpida, en materias tales como penal, violencia de género, adolescentes en infracción a la Ley, en condiciones absolutamente inadecuadas, sin elementos básicos como barbijos, alcohol en gel, guantes, mamparas, etc. como se recomienda en los protocolos sanitarios contra el COVID-19.
Pese a estar en peores condiciones sanitarias que cualquier otro trabajador de la salud, los jueces uruguayos no dejaron de atender todas las audiencias urgentes, así como tampoco dejaron de cumplir en el interior del país con sus funciones de Oficiales del Registro Civil, realizando casamientos.
Sin embargo, los jueces estando expuestos al contagio del COVID-19, no fueron exceptuados del impuesto Fondo
COVID-19, como lo fue el personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial (trabajadores médicos y no médicos) que a raíz de las tareas que desempeñan, están expuesto al contagio del COVID-19 y todos los empleados privados aún aquellos que por sus ingresos están en condiciones más ventajosas para afrontar el pago del referido impuesto también fueron exceptuados.
Según el Estatuto del Juez Iberoamericano: “Los jueces deben recibir una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.”.
A lo anterior debe adicionarse que, para la base del cálculo del impuesto, se consideraron partidas que no son de
naturaleza salarial, aumentándose así aún más la carga impositiva, ya de por sí alta de sus ingresos, lo que ha ocasionado que muchos jueces uruguayos queden en una situación económica precaria para llegar a fin de mes.
El impuesto se creó para ser descontado dos meses (abril y mayo) con posibilidad de extenderlo dos meses más, con la sola condición de que el P.E. de cuenta a la Asamblea General, lo que generó preocupación entre los magistrados.
Ante los referidos hechos, el día lunes 04/05/2020, 112 jueces uruguayos (el 25 % de asociados a la Asociación de
Magistrados del Uruguay), solicitaron a la Asociación que los nuclea la celebración de una Asamblea Extraordinaria de carácter grave y urgente, a los efectos de “abordar la situación generada por el Fondo Coronavirus desde el punto de vista institucional y/o de las acciones a emprender respecto del mismo”.
Al día de la fecha los jueces uruguayos, no se les contestó y no tienen fecha para la asamblea extraordinaria solicitada. Es así, que el próximo 20/05/2020, se van a hacer las liquidaciones de sueldos, con la detracción del impuesto, sin haber podido plantear sus inquietudes en el ámbito gremial correspondiente.
A posteriori, el día jueves 14/05/2020, en el Semanario Búsqueda, bajo el título “Jueces rebeldes contra fondo solidario” firmada por el columnista Raúl Ronzoni, indicó que “Los jueces argentinos suelen ejercer presiones políticas lo que se perciben en sus decisiones jurisdiccionales y beneficios salariales. Así le ganan pulseadas al gobierno, como cuando decidió que los jueces designados a partir de 2017, pagarían menos impuestos que el resto de los trabajadores.
A fines de 2019, para contener una revuelta política y judicial, el gobierno excluyó a los jueces jubilados de una ley de emergencia que proponía congelar sus haberes durante 180 días. Con esos antecedentes pensé que en Uruguay no podía ocurrir algo similar porque los jueces no se consideraban por encima del resto de los funcionarios públicos del Estado. Me equivoqué. Algunos no solo se creen estar por encima, sino con el Derecho a un trato diferencial. Consideran posible torcerle la mano al gobierno y a todos los partidos, mediante una pulseada gremial, corporativa.
Olvidan que los intereses corporativos jamás pueden desplazar el interés general y la salud pública. Poco más de un centenar de jueces, la mayoría de la nueva generación, ocasionaron un movimiento que ha dividido a los afiliados de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU). Los quejosos le han solicitado al Presidente del gremio, que convoque a una Asamblea Extraordinaria para analizar sus cuestionamientos contra el impuesto…”. (Transcribe
entrevistas de jueces anónimos) y concluye que “Cabe la posibilidad de que un saldo de sentido común los lleve a recular y dejar sin efecto el pedido de asamblea. También es posible que estiren la piola hasta que se rompa.”, conclusión con un tinte intimidatorio y amenazante.
Se solicitó, al día siguiente en carácter URGENTE e INMEDIATO, al Presidente de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, se emitiera una nota pública de desagravio frente a un artículo de prensa que, entre otros extremos realizaba todo tipo de descalificativos denigrantes, que atentan no solo contra la función que los jueces están llamados a desempeñar, sino además atentando contra la dignidad individual de cada uno ellos como personas, así como de la de sus colegas argentinos.
No se emitió nota pública alguna, al día de la fecha, de desagravio para los aludidos en la nota (jueces argentinos en general y los 112 jueces uruguayos firmantes de la solicitud de asamblea extraordinaria).
En tal contexto, la Unión Iberoamericana de Jueces, OTORGA su total solidaridad a los jueces uruguayos que han quedado en una situación económica frágil, en clara contraposición con lo previsto en el Estatuto del Juez Iberoamericano, así como RECHAZA las expresiones ofensivas y denigrantes realizadas, por un medio de prensa contra los firmantes de la nota dirigida a la Asociación de Magistrados del Uruguay solicitando una Asamblea Extraordinaria y a los colegas argentinos aludidos en la misma nota periodística.
La Unión Iberoamericana de Jueces, RECUERDA: Que los magistrados judiciales se encuentran incluidos en un régimen especial de incompatibilidades y limitaciones funcionales, que es necesario mantener para el correcto ejercicio de su función de juzgar. Es indispensable que se respete la irreductibilidad de sus remuneraciones, y ello con la finalidad de asegurar que la función judicial se mantenga invariablemente alejada de la influencia de las circunstanciales mayorías políticas. Ese es el único modo de preservar que los jueces puedan ejercer su función de tutela de los derechos individuales inherentes a toda la comunidad.
Frente a las limitaciones de recursos que aquejan a los países, déficits fiscales, es necesario que las revisiones económicas de los presupuestos estatales que necesariamente se deban hacer, sean el fruto de un análisis racional sin que se recurra a la violación de garantías de intangibilidad de los salarios de los magistrados, para preservar la independencia de los mismos.
La Unión Iberoamericana de Jueces, EXHORTA, a que se revise la base de cálculo y duración del Impuesto creado por Ley N° 19874 de fecha 08/04/20, que crea el “Fondo Solidario Covid-19” y su decreto reglamentario Nº 133/020 de 24/04/2020, cuya noble finalidad y objetivo no se discuten ante la grave situación de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo en forma global, con la pandemia del COVID-19.
Por otra parte ante las expresiones agraviantes contra los magistrados uruguayos y argentinos de la nota periodística “Jueces rebeldes contra el Fondo Solidario”, se considera que si bien todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión amplia de sus ideas, y en el caso del periodista el derecho a la información, este derecho de doble vía tiene como contracara el derecho de todo ciudadano a recibir una información veraz, oportuna e imparcial, y en ese marco RECHAZA enfáticamente las expresiones agraviantes hacia los magistrados uruguayos y argentinos, y recuerda que son principios básicos sobre independencia judicial de Naciones Unidas: que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
La Unión Iberoamericana De Jueces, tiene entre sus objetivos la búsqueda y apoyo de la igualdad, el respeto y los valores democráticos en los sistemas jurídicos de los países que se encuentran representados.
Por ello, consideramos indispensable que todos los habitantes -en este caso los magistrados judiciales- tengan garantizado el ejercicio de sus derechos para lo cual es necesario que se logre, en el debate democrático dentro de esos valores de igualdad, respeto y tolerancia.
Siendo indispensable la labor de los jueces, fiscales y defensores, los magistrados del resto de los países que integramos la Unión Iberoamericana de Jueces, hacemos votos para que los colegas de uruguayos puedan seguir ejerciendo su función de manera independiente para que los DD.HH. tengan plena vigencia.
Belo Horizonte y Asunción, 18 de mayo de 2020