La Junta Departamental de Salto se ve sacudida por un escándalo tras la formación de una comisión pre-investigadora para examinar acusaciones de entrega de terrenos a militantes del sector político de Andrés Lima dentro del Frente Amplio.
La controversia surge por la interpretación del reglamento interno, que exige la presencia de tres ediles, uno de cada partido representado en el legislativo. La resolución del Presidente de la Corporación, Marcirio Pérez, ha generado polémica al conformar la comisión con dos miembros del Frente Amplio y uno del Partido Nacional, excluyendo al Partido Colorado.
La reunión para elaborar informes en minoría o mayoría será jueves o viernes, pero la incertidumbre reina, ya que hasta el momento no se vislumbra una mayoría para investigar los presuntos actos cuestionables que podrían tener implicaciones penales.
La denuncia de entrega de terrenos a cambio de militancia política ha levantado sospechas y tensiones en la Junta, con el Partido Nacional solicitando una comisión investigadora para esclarecer los hechos.
El futuro de la comisión investigadora pende de un hilo, mientras las acusaciones de prácticas dudosas en la entrega de terrenos amenazan con desencadenar consecuencias legales y políticas. La transparencia y la integridad en la gestión de la intendencia de Salto están en la mira, y la ciudadanía espera respuestas contundentes y acciones claras para restaurar la confianza en las instituciones locales.