COMPACTAN MOTOS INCAUTADAS: 25.000 kilos de motos se han convertido en 3.500 kilos de barras de construcción.
Se trata de los vehículos que han sido incautados en procedimientos policiales y no fueron recuperados por sus dueños o no estaban en condiciones de volver a circular.
En agosto del 2011 el gobierno nacional aprobó una ley que establecía el destino de los vehículos que se incautaban en determinados procedimientos policiales. La Ley 18.791 determina que “el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias podrán proceder a la venta, en pública subasta, de los vehículos que retiren de su jurisdicción en los siguientes casos: a) por carecer de seguro obligatorio de automotores; b) por encontrarse abandonados; c) cuando constituya peligro o cause perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público o deteriore el patrimonio público; d) en las situaciones que lo habilite la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007 y la normativa de tránsito de los Gobiernos Departamentales; e) por haber sido retirados en un procedimiento policial que habiendo dado lugar a la intervención de la justicia, ésta no resolviera para el bien un destino contrario al previsto en la presente ley.”
Posteriormente en el artículo 3ro se establece: “luego de transcurridos treinta días desde el traslado del vehículo al depósito y en caso de que no se presente nadie a retirarlo, el organismo actuante emplazará a su propietario a que se presente dentro del término de treinta días a reclamar el mismo. Para ello se efectuarán tres publicaciones en dos diarios, uno de los cuales deberá ser el Diario Oficial, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad…”
La Ley indica que “trascurridos treinta días desde la última publicación, sin que se haga efectivo el retiro del vehículo por quien acredite su propiedad”, se podrá en ese caso proceder al remate del vehículo.
En este sentido, el Ministerio del Interior elaboró un Protocolo de actuación para vender o donar como chatarra estos vehículos. El documento establece que una vez cumplidos estos aspectos que indica la Ley 18.791, los vehículos se someterán a una inspección técnica para evaluar si son recuperables y aptos para circular con seguridad, y de lo contrario convertirlos en chatarra.
En el caso puntual de las motos incautadas, y sólo en los operativos de control realizados por la Guardia Republicana, se destruyeron 25.225 kilos de motos. Es importante destacar que previo al proceso de chatarrización, personas privadas de libertad participaron en el desarmado de estos vehículos separando el plástico y otros materiales de aquellos metálicos que son los que efectivamente se convirtieron en barras para construcción. El resultado de esto fue la producción de 3.500 kilos de barras que el Ministerio del Interior donará para el Plan Juntos.
Este protocolo y procedimiento se seguirá aplicando para todos los casos de motos incautadas en los operativos realizados en todo el país por las distintas Jefaturas de policía departamentales.